Mientras las autoridades celebran la disciplina fiscal y la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos, miles de chilenos enfrentan una realidad mucho más cruda: la dificultad para encontrar trabajo. La cesantía continúa mostrando señales preocupantes y diversos economistas advierten que el desempleo podría alcanzar los dos dígitos en los próximos meses si el país mantiene el actual rumbo económico.
El problema no es únicamente el deterioro del mercado laboral. Lo verdaderamente preocupante es la estrategia con que el Ministerio de Hacienda ha decidido enfrentar la desaceleración. Bajo la lógica de un ajuste severo, el Gobierno parece confiar en que el dolor económico de hoy traerá prosperidad mañana. Sin embargo, esa teoría tiene un problema evidente: quienes soportan el costo del «shock correctivo» no son los grandes grupos económicos, sino los trabajadores, las pequeñas empresas y las familias que viven de un sueldo.
Los manuales de economía pueden justificar políticas de ajuste para corregir desequilibrios fiscales o contener la inflación. Pero la realidad rara vez sigue el guion académico. Detrás de cada décima que baja la inflación puede haber un trabajador despedido; detrás de cada recorte presupuestario puede existir una pyme que cierra sus puertas. Las cifras macroeconómicas pueden mejorar mientras la vida cotidiana de miles de personas empeora.
Ningún país construye crecimiento sostenible destruyendo empleo. Tampoco se fortalece la confianza de los inversionistas cuando el consumo se debilita y aumenta la incertidumbre entre quienes sostienen la economía real. La estabilidad fiscal es importante, pero no puede transformarse en un objetivo que ignore las consecuencias sociales de las decisiones económicas.
Los ajustes económicos no tienen por qué ser sinónimo de terapias de shock. Existen alternativas graduales que permiten corregir desequilibrios sin provocar un deterioro abrupto del mercado laboral. Una economía no es una hoja de cálculo: detrás de cada indicador hay personas, familias y proyectos de vida que pueden verse profundamente afectados por decisiones tomadas desde un escritorio.
El riesgo no es solamente económico. También es político. Si este gobierno de centroderecha insiste en una estrategia que la ciudadanía perciba como indiferente frente al aumento del desempleo y la pérdida de oportunidades, podría terminar convirtiéndose en un gobierno de debut y despedida. La historia demuestra que cuando los gobiernos de corte liberal o conservador no logran compatibilizar responsabilidad fiscal con crecimiento y empleo, suelen abrir espacio para el surgimiento de alternativas populistas que prometen soluciones inmediatas, esto quiere decir, que de un supuesto gobierno de 8 años, en menos de 4 le van a dar en bandeja de plata el país a la oposición.
La frustración social ha sido, en distintos momentos y países, un terreno fértil para el ascenso de proyectos políticos más radicales. Si la ciudadanía concluye que el costo de los ajustes siempre recae sobre los mismos, mientras los beneficios nunca llegan, el próximo ciclo político podría favorecer a una izquierda más radical y de discurso populista, impulsada por el descontento ciudadano.
Gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero también comprender que las políticas económicas no pueden medirse únicamente por el equilibrio de las cuentas fiscales. El verdadero éxito de una estrategia económica se refleja en la capacidad de generar empleo, proteger a los sectores más vulnerables y ofrecer perspectivas de progreso.
Persistir en una política de ajustes severos, ignorando el impacto sobre el empleo y el bienestar de las familias, no solo puede profundizar la desaceleración económica. También puede terminar redefiniendo el mapa político del país, con consecuencias que se extenderán mucho más allá del actual período presidencial.
