Militares desplegados en Colchane conocieron enfoque de la Defensoría Penal Pública sobre los derechos de las personas

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Consideraciones expuestas en relación a la reconducción de migrantes y trato con lugareños.

Audiencia mostró alto interés por las consideraciones jurídicas involucradas en tales tareas encomendadas por el gobierno.

 Ante unos setenta militares del contingente apostado en la zona fronteriza de Colchane, la Defensoría Penal Pública expuso su punto de vista respecto a los temas de mayor vigencia jurídica en la zona: la reconducción de migrantes, el uso de la fuerza en un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y los Derechos Humanos de las personas, especialmente los migrantes y los pobladores de la zona, la mayoría de origen aymara o quechua.

La jornada se desarrolló en las instalaciones que mantiene el Ejército en dicha comuna, sitio en torno al cual desarrollan las tareas encomendadas por la Jefatura de Defensa Nacional en la zona, principalmente para el cuidado de la frontera y de apoyo a las fuerzas policiales encargadas del control migratorio.

Los asistentes a la actividad fueron oficiales y soldados asignados a dichas tareas, quienes mostraron un vivo interés en conocer el enfoque de la defensa pública, punto de vista que fue expuesto por el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón. En la oportunidad, el personero también detalló la misión de la Defensoría y las garantías que tienen las personas en el ámbito de la justicia penal.

La invitación a exponer sobre las materias indicadas fue hecha por el general Marco Jaque Cereceda, Jefe de Defensa Nacional en la provincia de El Tamarugal, en la idea de fortalecer la preparación de sus efectivos para el mejor cumplimiento de las tareas en relación al control migratorio.

En este ámbito, las tareas asignadas a los efectivos militares significan una constante interacción con individuos provenientes de otros países latinoamericanos, como también con los pobladores de esta zona que comprende pampa desérticas precordillera y altiplano, áreas habitadas principalmente por integrantes de los pueblos quechua y aymara. Tales condiciones exigen considerar aspectos interculturales y jurídicos para una mejor aplicación en sus tareas y para el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

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