*Proyecto por US$ 193 millones es cuestionado tras 90 días de
investigación.
Un duro informe presentó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados
por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), el cual fue adjudicado
por el consorcio AUI (Associated Universities Inc), grupo de instituciones
vinculado a la UDI y que cuenta con participación extranjera.
Cabe recordar que la iniciativa del Instituto de Tecnologías tiene como objetivo
impulsar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzados de litio
y otros minerales, y el hidrógeno verde. Sin embargo, tras ocho sesiones de
audiencias y análisis, de lo que fuera el proyecto de investigación y desarrollo
(I+D) más grande que se ha licitado por Corfo, deja como conclusiones que se
debería repetir el procedimiento.
Según expresa el informe, una de las irregularidades de su funcionamiento fue
que: “no realizó interacciones con los evaluadores internacionales
seleccionados y contratados por la Gerencia Gerencia de Capacidades
Tecnológicas – unidad técnica encargada del tema- para la evaluación de los
proyectos. En cambio, generó nuevos informes de evaluación en base a los
entregados por los expertos internacionales, alterando los resultados
principales del proceso”.
Además, otro aspecto que llama la atención del proceso de evaluación es la
“duplicación de roles de los directivos públicos participantes en la Comisión
Evaluadora”, apuntando al caso del gerente general Felipe Commentz, quien
encabezó la comisión evaluadora interna de la Corfo de las tres propuestas que
postularon y, además, representó a Terrazas, en el comité de ministros que
entregó su veredicto final, el pasado 4 de enero.
Son diez hojas de un informe que detalla irregularidades de esta licitación de
US$ 193 millones, monto que fue licitado anteriormente y que hoy es
cuestionado. Entre otras conclusiones de este informe se plantea: “oficiar al Sr.
Contralor General de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar
una investigación”, mientras que también se recomienda: “remitir un informe al
Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de
delitos de uso de información privilegiada”.
Por su parte, el diputado Rubén Moraga, quien fue integrante de la comisión,
precisó: “algo olía mal en esta licitación y hoy lo evidenciamos con un lapidario
informe de la comisión, el cual da cuenta de una serie irregularidades que lleva
a plantear la necesidad de realizar una nueva licitación”.
