Parece que no. Y eso es precisamente lo más indignante.
Después de semanas de reportajes, evidencia fotográfica, pasajes a nombre de los funcionarios y hasta declaraciones públicas, ninguna autoridad ha tomado medidas concretas. No hay sanciones, no hay sumarios ejemplares, ni se anuncian reformas para evitar que se repita. Todo queda en el olvido, en el clásico «se está revisando el caso».
La señal que se da es brutal: en Chile, si eres funcionario público, puedes salir del país con licencia médica y no pasa nada. Mientras tanto, al trabajador común, al pequeño emprendedor, al ciudadano que falta un día por enfermedad real, se le exige justificar hasta el último papel.
Esto no es solo negligencia, es complicidad institucional por omisión. Porque si se conoce el hecho, pero no se sanciona, se está validando. Y cuando el Estado normaliza los abusos dentro de sus propias filas, ¿qué autoridad moral tiene para fiscalizar al resto?
No se trata de uno o dos casos, se trata de una cultura de impunidad que viene de años y que hoy simplemente explota en la cara de todos. El que tiene contactos, se cubre. El que tiene un cargo, se protege. Y los que pagan los platos rotos son, como siempre, los ciudadanos comunes.
Si no hay sanciones ahora, no las habrá nunca. Y entonces no nos sorprendamos cuando crezca el desprecio hacia las instituciones, la rabia hacia el sistema y la sensación de que todo está podrido.
