Un Estado que creció mucho más rápido que el país

Toda administración tiene el deber de revisar periódicamente el tamaño del Estado. No por un afán ideológico ni por una revancha política, sino por una razón elemental: los recursos públicos pertenecen a los contribuyentes y deben administrarse con eficiencia.

Los datos del Ministerio Secretaría General de Gobierno invitan precisamente a esa reflexión.

Al revisar la dotación de funcionarios a contrata, se observa que en 2013 el ministerio registraba 298 trabajadores bajo esa modalidad. En enero de 2026 esa cifra llegó a 458 funcionarios. En términos simples, la dotación aumentó en 160 personas, equivalente a un crecimiento de 53,7%.

La comparación resulta aún más llamativa cuando se observa la evolución del país durante el mismo período. Chile pasó de 17.556.815 habitantes en 2013 a una población estimada de 20.150.948 personas en 2026. Es decir, la población creció apenas un 14,8%.

En otras palabras, mientras el país aumentó cerca de un 15% su población, la dotación a contrata de este ministerio político creció casi un 54%.

Es cierto que las plantas de personal tienen límites legales que dificultan su expansión. Sin embargo, las contrataciones bajo la modalidad de contrata han sido históricamente el principal mecanismo para aumentar la dotación de los servicios públicos. Esa realidad obliga a preguntarse si ese crecimiento respondió efectivamente a nuevas necesidades institucionales o si, por el contrario, terminó ampliando la burocracia más allá de lo razonable.

Esta es una discusión que durante años la política evitó enfrentar.

Cada nuevo gobierno incorporó asesores, profesionales, administrativos y equipos de apoyo, mientras muy pocos estuvieron dispuestos a revisar si todas esas funciones seguían siendo indispensables. El resultado ha sido un aparato estatal que, en muchos organismos, ha crecido bastante más rápido que el propio país.

En ese contexto, las recientes desvinculaciones de funcionarios pueden interpretarse como parte de un proceso de ajuste de una estructura que, a juicio de muchos ciudadanos, había aumentado de manera significativa durante los últimos años. Corresponde, por supuesto, que cada desvinculación respete la legislación vigente y los derechos de los trabajadores afectados. Pero revisar el tamaño del Estado no es, por sí mismo, una medida ilegítima.

La verdadera crítica apunta a otro aspecto: este debate debió haberse dado mucho antes.

Mientras la economía crecía lentamente, el déficit fiscal aumentaba y el país enfrentaba crecientes restricciones presupuestarias, muy pocos gobiernos estuvieron dispuestos a revisar con seriedad el tamaño de la administración pública. Esa falta de decisión terminó postergando ajustes que hoy resultan mucho más complejos.

Un Estado moderno no se mide por la cantidad de funcionarios que emplea, sino por la calidad de los servicios que entrega. Si una institución logra cumplir adecuadamente sus funciones con una estructura más eficiente, los principales beneficiados serán precisamente los ciudadanos que financian ese aparato mediante sus impuestos.

Chile necesita un Estado fuerte, pero también responsable con el uso de los recursos públicos. Crecer en burocracia a un ritmo muy superior al crecimiento del país no parece ser el camino más sostenible. La discusión ya no debería centrarse únicamente en cuántos funcionarios ingresan o salen, sino en cómo construir una administración pública eficiente, profesional y acorde con las verdaderas necesidades de los chilenos.