La tranquilidad de las familias en Iquique y Alto Hospicio ha sido secuestrada por una realidad que ya no admite medias tintas. En los barrios, el avance del narcotráfico se ha transformado en un cáncer que corroe la convivencia, instalando el miedo donde antes reinaba la confianza y destruyendo el tejido social que sostiene a nuestra comunidad. Es un flagelo que, además de ser una crisis de salud pública de dimensiones alarmantes, actúa como un freno absoluto para el desarrollo humano y la productividad de la región.
Quienes hoy ven cómo sus poblaciones son inundadas por el tráfico, observan con impotencia cómo la droga se infiltra en cada rincón, afectando la paz de sus hogares y comprometiendo el futuro de sus hijos. Ellos, los vecinos, claman por una respuesta que esté a la altura de la gravedad de la situación. No es posible hablar de progreso ni de bienestar regional si, al caer el sol, la seguridad es un lujo que pocos pueden permitirse.
Ante este escenario, la posición del Estado debe ser inquebrantable. El gobierno debe actuar con firmeza, sin vacilaciones, enfrentando a los narcotraficantes con la máxima determinación que el ordenamiento jurídico permite. Es imperativo que la justicia caiga sobre ellos sin piedad, mediante la aplicación de las penas más altas. La tolerancia frente a quienes lucran con el dolor ajeno no es solo un error administrativo o judicial; es una forma de complicidad que perpetúa el sufrimiento de miles de ciudadanos.
La recuperación de la tranquilidad de las familias no puede esperar más. Se requiere una estrategia de Estado que no solo persiga el microtráfico en las calles, sino que desarticule las bandas criminales que han hecho de la impunidad su modelo de negocios. Ellos, los habitantes de Iquique y Alto Hospicio, han perdido demasiado tiempo viviendo bajo el yugo de la delincuencia. La paz social no se negocia: se recupera a través de la fuerza de la ley, la persecución penal implacable y el compromiso absoluto de quienes tienen el deber de proteger a la ciudadanía.
